El Ejecutivo había presentado una enmienda que buscaba restringir el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de los funcionarios. Tras su rechazo, los representantes del gobierno se retiraron de la sesión. Gobierno insistirá en la Sala del Senado con las enmiendas al proyecto.
Pasadas las 15.00 horas de este lunes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado continuó la discusión en particular de la ley Nain-Retamal que busca aumentar las penas a quienes cometan delitos en contra de funcionarios policiales y de Gendarmería. En la instancia, estuvo presente la ministra del Interior, Carolina Tohá y el ministro de Justicia, Luis Cordero.
La discusión en particular comenzó este sábado y durante esta nueva jornada se abordó una indicación clave del Ejecutivo que buscaba principalmente eliminar uno de los artículos más controvertidos de la normativa: el que concede una presunción del uso justificado de las de armas de servicio de los uniformados (defensa privilegiada).
En su lugar, desde el gobierno pr esentaron una redacción más atenuada, restringiendo el uso de armamento solo en casos de delitos contra la vida de Los funcionarios o que atenten gravemente contra su integridad, y no en los tres escenarios que propone el proyecto que despachó la Cámara Baja -cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito-.
“Se entenderá que hubo necesidad racional en su uso (de armas de servicio) si se hace para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos que atenten contra su vida o gravemente contra su integridad física”, se lee en la enmienda presentada por el gobierno.
Sin embargo, la indicación de La Moneda fue finalmente rechazada por 3 votos en contra y 2 a favor.
Esto motivó que Tohá, Cordero y la ministra (s) Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, anunciaran que se retirarían de la sesión.
“Presidente, los ministros presentes nos vamos a retirar. Creemos que lo que venimos a alegar a esta comisión ha sido rechazado de cuajo; lo que teníamos por proponer, respecto a que se hiciera valer el Código de Justicia Militar ya no tiene sentido, porque todo lo que está legislando la comisión es para profundizar en el Código Penal y de consecuencia nuestro rol colegislador ha quedado totalmente imposibilitado”, manifestó la ministra Carolina Tohá.
“De consecuencia, no tiene sentido que permanezcamos, este es un debate propio entre parlamentarios y sus indicaciones. Y queremos lamentarlo, porque creemos que se había propuesto una solución que acogía las inquietudes de los parlamentarios y parlamentarias y que conducía a una solución que, del punto de vista de las preocupaciones de las policías, era mucho más sustantiva”, agregó.
En este sentido, fustigó que “a veces uno tiene la impresión de que más pesa la idea de hacer un punto político que de generar una buena ley y creo que en esta materia es lamentable que eso pase. Pero eso será parte del debate político, ya no es parte del debate de la comisión, así que no tiene sentido profundizar en el punto acá por más tiempo”, destacó la secretaria de Estado, tras lo cual, los representantes del Ejecutivo abandonaron la sesión.
